El 17 de diciembre de 1997, reunidos en París, las potencias económicas del mundo decidieron finalmente hacer algo por detener la corrupción transnacional. Era la conducta usual: las gigantescas multinacionales europeas y estadounidenses terminaban sobornando a los gobernantes del tercer mundo para hacerse de contratos y concesiones. Ratificada la convención, las naciones miembro están obligadas a perseguir a sus nacionales en sus países de origen por haber obtenido beneficios directos, retribuyendo a cambio a los políticos del tercer mundo, sus familiares y testaferros.
Pues bien, así como Estados Unidos terminó procesando a uno de los suyos por el caso PECC, España ha guardado hermético silencio y una perversa complicidad luego de conocer que empresarios de aquel país han admitido públicamente que favorecieron con acciones y dividendos a funcionarios panameños para hacerse de una concesión directa para explotar salas de juego. El propio ex mandatario admitió públicamente –creyendo ser su mejor defensa– que los beneficiados fueron su yerno y su más cercano ministro, confesión que no deja dudas de una conducta de por sí delictiva para las leyes europeas.
