En febrero de 2010, el presidente de Ports Engineering Consultants Corporation (PECC) será sentenciado por un juez federal estadounidense, tras declararse culpable de cargos de conspiración y perjurio, y luego de confesar que pagó sobornos a funcionarios panameños, incluido un oficial de alto rango de elección popular.
Charles Jumet no tuvo otra opción que confesar sus crímenes al enfrentar un caudal de pruebas obtenidas en Panamá, que no son otras que las mismas que se presentaron a la justicia panameña en contra de ex servidores públicos locales, como el ex presidente Ernesto Pérez Balladares o Hugo Torrijos y Rubén Reyna. Pero en este país, el caso fue manejado por las autoridades judiciales de manera vergonzosa, impidiendo que se realizaran las pesquisas, descautelando bienes por montos millonarios y permitiendo que los usurpadores depredaran libremente recursos del Estado.
Ellos desconocen la vergüenza, llegan al Gobierno solo para ver con qué se quedan o qué se cogen, porque siempre cuentan con la complicidad de otros corruptos que les garantizan su eterna impunidad.
