Ayer se cumplió con el segundo paso previsto para la selección de las personas que ocuparían dos cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Consistió en la instalación de la comisión especial de credenciales, creada por el Ejecutivo. Esta comisión atiende las demandas de la sociedad por darle transparencia a una atribución discrecional del Presidente. La comisión enfrenta importantes retos y el que emerge como prioritario es su credibilidad.
Esto explica que organizaciones representantes de la sociedad civil hayan decidido realizar una evaluación paralela, pues no solo interesa el cumplimiento de los requisitos formales, también se busca que la solvencia moral y trayectoria de los candidatos sean los atributos que guíen su elección.
Por tanto, la comisión tiene que demostrar con sus actos que la selección que hará obedece a un criterio de corrección, en el que la demagogia, el juega vivo y los compromisos políticos no tengan espacio alguno. Si los comisionados no tienen nada de esto presente, en especial los representantes del Ejecutivo, el daño que recibirá la credibilidad del gobierno será irreparable.
