Una clásica forma de mediatizar una entidad, es su burocrático acceso a recursos. De allí que instituciones públicas de suma transcendencia para el país, hayan sido dotadas de autonomía patrimonial y financiera. En esta ocasión, dicho estado le ha sido conferido a la Defensoría del Pueblo.
Desde sus inicios, la Defensoría ha sorteado mucho obstáculos. Estos han ido desde la oposición a su creación, hasta el atentado en su credibilidad proveniente de algunos de los que han sido sus jerarcas.
El actual Defensor ha justificado el sopor de su gestión, entre otras razones, en la falta de autonomía financiera. Ahora la Asamblea Nacional y el Ejecutivo le han otorgado dicha autonomía. Vencido este escollo, resta al Defensor realizar las labores para las cuales fue creada la institución a su cargo.
Las minorías, los sectores marginados, los grupos de población en riesgo esperan de él una gestión tanto efectiva como eficiente; un resguardo. Que sea para ellos lo que su cargo dice: ¡Defensor!