Hace 24 años, Panamá vivía el horror de encontrar el cadáver decapitado de Hugo Spadafora. Fue una sacudida que tocó incluso a los más indiferentes y a los cómplices que, tras el golpe militar de 1968, prefirieron mirar hacia otro lado, mientras hacían negocios o justificaban el estado de cosas con los argumentos más descabellados.
Al final, solo una violenta invasión militar pudo con aquel monstruo que no dudó en eliminar, con la sevicia que ya sabemos, al médico guerrillero que se había atrevido a denunciarlo y combatirlo. Hoy, las libertades democráticas no parecen estar en peligro en Panamá; aunque como bien dijo ayer el escritor Mario Vargas Llosa, desde Madrid, “nada indica que la democracia está para quedarse” en América Latina.
Lo que es innegable es que la corrupción, la impunidad y el cinismo campean por sus fueros en Panamá. Y la administración de justicia, institución fundamental para la vigencia de una verdadera democracia, sigue secuestrada entre el clientelismo político, el laberinto procesal que impide siempre llegar a la verdad, y la venalidad de no pocos de los operadores del sistema.
