El rendimiento de cuentas de quienes administran justicia sigue siendo una asignatura pendiente en este Panamá de la impunidad. Los intentos de la Procuradora de la Nación y del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia resultaron empantanados en el laberinto procesal vigente y, uno a uno, fiscales y jueces investigados y separados de sus cargos por diversas causas, han ido regresando a sus cargos supuestamente reivindicados.
Lo cierto es que junto al ahora pospuesto nuevo Código Procesal Penal, la reforma a la carrera judicial, la evaluación del desempeño y el sistema ético disciplinario para funcionarios judiciales, sigue estando en la lista de acciones no ejecutadas del Pacto de Estado por la Justicia.
Hoy, tenemos una carrera judicial y de evaluación del desempeño en el que no confían los ciudadanos ni los funcionarios judiciales y un sistema de escogimiento de magistrados de la Corte que no garantiza la independencia judicial. Por ello, es fundamental crear un único e independiente proceso ético-disciplinario, con un listado claro de causales que presten mérito para el inicio de un proceso, en lugar del enrevesado sistema que establece el Código Judicial vigente. Enfrentar la crisis de la justicia pasa inevitablemente por allí.
