Ha quedado demostrado que ha sido siempre la falta de voluntad de las autoridades y de sus subalternos lo que ha permitido que importantes recursos del Estado hayan sido regalados a particulares. La sola aplicación de la ley y la determinación de defender los intereses del Estado ha permitido la recuperación de bienes pertenecientes a la Nación. Demostrado queda ahora que el hotel Miramar disfrutaba por centavos terrenos que valían millones. Los ingresos, en vez de recibirlos el Estado, iban a parar a bolsillos privados con la sospechosa complicidad de los ministros de turno.
Son cincuenta millones, que sumados a los 18 exigidos al operador de tragamonedas favorecido por un ex presidente, alcanzan una inmensa fortuna que ahora podrá ser destinada a cubrir las necesidades básicas de los pobres de este país. ¿Por qué esta Administración ha logrado que la empresa hotelera negocie un pago acorde con el precio de mercado? Nada le impedía a los pasados gobiernos llegar a estos acuerdos. La conclusión es obvia. Los ciudadanos no podemos menos que sentirnos aliviados de que los actuales gobernantes están haciendo un buen trabajo.
