Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia terminan sus períodos a finales de este año. La Alianza Ciudadana Pro Justicia ha solicitado al Ejecutivo que convoque a una consulta ciudadana a fin de discutir la solvencia profesional y moral de los candidatos, y para ello ha pedido que se revelen los nombres de los posibles reemplazos.
La petición no debe ser tomada a la ligera. Los ciudadanos hemos sido impotentes testigos de cómo el Ejecutivo ha nominado a miembros de su partido o a sus allegados para ocupar estos cargos con el único propósito de tener aliados en la Corte y perpetuar así la impunidad.
Y esto tiene que acabarse o simplemente estaremos condenados a sufrir el suplicio de la injusticia. El Presidente, en un acto de transparencia con quienes lo eligieron, debería proporcionar los nombres de los candidatos –una vez los tenga– para que sean sometidos al escrutinio público. Por otro lado, la Asamblea –que los ratifica– debe cumplir su deber de escudriñar su trayectoria y desempeño profesional, además de su independencia. En el pasado se han hecho designaciones deplorables: las consecuencias han sido funestas.
