El pleno de la Corte Suprema de Justicia estaría por darle un porrazo a su ya maltratada credibilidad. Luego de anunciar –para alivio de tantos– que unánimemente había decidido continuar la investigación sobre el caso Cemis, resulta que varios magistrados están haciendo lo imposible para lograr algo que saben manejar con pericia: dilatar decisiones.
Este caso –el más vergonzoso y espeluznante acto de corrupción que ha conocido la historia republicana– lleva ya más de siete años retrasado por las presiones que los afectados hábilmente han ejercido sobre jueces maleables, prestos a cualquier leguleyada con tal de que el asunto no se investigue.
Los panameños exigimos que la Corte cumpla con su palabra, que se permita conocer qué pasó, quiénes recibieron sobornos, cuánto y por qué hubo coimas al aprobar el célebre contrato y, sobretodo, qué hubo detrás de la designación de los dos magistrados y suplentes que, encima de todo, tienen el descaro de estar participando en este caso. ¡Y después se sorprenden cuando las encuestas o las entidades internacionales condenan al Órgano Judicial!
