Por mandato constitucional, la explotación de centros de apuestas y los juegos de suerte y azar “solo podrán efectuarse por el Estado”. Así reza el artículo 297 de la Constitución, mismo que tuvo vigencia desde los primeros años de la República con total justificación de que, si alguien habría de beneficiarse del multimillonario negocio, sería el Estado para destinarlo a la caridad pública. Pero el mandato constitucional no sobrevivió a Ernesto Pérez Balladares, quien buscó la fórmula para esquivar la prohibición traspasando a manos privadas la operación de los casinos.
Así, bien escondidos detrás de interminables marañas jurídicas van surgiendo los verdaderos beneficiarios de tan lucrativo negocio y las reales justificaciones de tan desalmado guión. De la mano de la privatización se inundó el país de salas de juego, condena segura para tantos panameños que seducidos por la fantasía del juego, han llevado a la ruina sus carreras y familias. Ha sido una política criminal cuyos únicos beneficiarios son los operadores extranjeros y sus socios panameños. ¡Cuánto sentido hace ahora el apuro que entonces tuvo el gobernante por “privatizar” el juego y llenarnos el país de tragamonedas!
