Si hay algo del gobierno de Martín Torrijos que ahora se ha hecho notoriamente escandaloso es la ineptitud de sus funcionarios en el manejo de los bienes estatales. El actual gobierno solo ha aplicado la ley para que un grupo de empresarios morosos de Amador se vea obligado a llegar a acuerdos de pago por sus concesiones.
Ahora somos testigos de cómo esta administración –sin violar ninguna ley– ha impuesto condiciones al Club de Yates y Pesca para poder quedarse en la cinta costera, luego de negociar un leonino contrato con el Ministerio de Obras Públicas que le permitía usufructuar tierras y fondo de mar a cambio de unos pocos centavos.
Además de hacer cobros más justos en materia de alquiler, los ciudadanos no tendremos que soportar esos hangares de pésimo gusto que habían planificado construir frente al mar para guardar los yates. En vez de ello, los propietarios de botes deberán anclarlos en el mar, tal como debe ser en una marina. Todas estas exigencias nos demuestran que el gobierno pasado pudo manejar las cosas de mejor forma, pero simplemente faltó voluntad o, más bien, mostró una generosidad que a simple vista es sospechosa.
