La justicia panameña es casi un rehén de los políticos, que ven en ella la puerta de escape que les permite actuar con impunidad. Eso es lo que ha sido hasta ahora y los políticos no han dado muestras de querer dejar en libertad a la dama de la justicia. Parece condenada a ser su prisionera. Si de veras pretendemos convertirnos en un país de primer mundo, estamos obligados a defender un sistema judicial verdaderamente independiente –que incluye un Ministerio Público comprometido–, inmune al chantaje económico o al soborno político.
Pero, además, requerimos o, más bien, necesitamos magistrados valientes, capaces de liderar un movimiento que logre la anhelada independencia de este órgano estatal. Y si, por el contrario, el miedo es su consejero, la ley no es otra casa que letra muerta, y la justicia una lejana quimera. Esta Corte ha dado los primero pasos para ganar esta dura batalla contra la corrupción, pero sus pasos aún son vacilantes, casi temerosos. Los ciudadanos debemos tomar partido en esta desigual contienda, pues de otra manera, seremos las víctimas de nuestra propia indiferencia. Y, como siempre, obtendremos la justicia que nos merecemos.
