La partida discrecional que maneja a su entera discreción el Presidente de la República necesita ser sometida a una reglamentación para, al menos, normar en qué no se puede gastar.
La discrecionalidad no es, desde ningún punto de vista, un buen referente para el uso del dinero del Estado, pues ya hemos sido víctimas del derroche y el despilfarro, porque el criterio que nuestros gobernantes han utilizado para su uso, con frecuencia riñe con el sentido común, y en cambio armoniza perfectamente con la desvergüenza y la deshonestidad.
Y aunque se ha demostrado que muchos de los gastos de estas partidas han sido injustificados y de dudosa legalidad, nada se puede hacer, pues nuestros gobernantes nos restriegan en la cara su patente de Corso que los autoriza a hacer lo que les venga en gana con ese dinero.
Evidentemente, la pasada administración no incurrió en los acostumbrados abusos de estas partidas –como sí lo hicieron Pérez Balladares y Mireya Moscoso–, pero lo único que pondría freno al dispendio es una legislación que nos permita pedir cuentas por su mal uso.