Con angustioso retraso, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el caso Cemis. Se abre así la puerta para empezar una investigación que jamás se debió haber bloqueado, por tratarse del mayor escándalo de corrupción visto en Panamá. Por él quedaron salpicados el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, incluidos los ex presidentes Moscoso y Torrijos. Las presiones por enterrar los hechos y obstaculizar las investigaciones vinieron desde el primer día, tanto del arnulfismo como del PRD.
Por ello, la credibilidad de la Corte ha sufrido un costo muy alto por su tardanza, quedando en evidencia lo vulnerables que han sido a la presión política algunos de sus magistrados. Recordemos que este país solo habrá cambiado –para mejor– el día que se acabe con la impunidad y que se llame a responder públicamente a los peces gordos, sean estos ex presidentes, magistrados o diputados –por corruptos y mentirosos–, demostrando finalmente que podemos proclamar con orgullo que es ciega la dama que imparte justicia, y no seguir viendo a la abusada mujer de la que algunos jueces han sacado provecho por tanto tiempo.
