En Panamá vive más de un millón de pobres. La mitad de ellos –unas 508 mil personas– malvive en extrema pobreza, es decir, casi son indigentes. Según el Banco Mundial, alguien que está en este último grupo contaría con menos de 40 dólares al mes para subsistir. Es por ello que resulta indescriptible la frustración que debe sentir ese millón de personas que ha sufrido ver cómo se han perdido miles de sacos de granos, cebolla y cremas alimenticias que el gobierno pasado compró y que se pudrieron de forma tan detestable.
Además del perjuicio monetario que supone este imperdonable hecho, el verdadero crimen no es la pérdida del dinero, sino la inhumana indolencia de estos políticos y gobernantes que justificaron una compra alegando razones sociales, para luego desperdiciarla con un atroz desprecio por la vida y las necesidades de sus congéneres. Nada de lo que se diga o haga ahora servirá para excusar a los responsables, pues el daño se consumó. Todos esperamos que el nuevo gobierno acuda a las instancias correspondientes a denunciar el hecho, y que las autoridades judiciales abran procesos contra quienes resulten responsables para no tener que acostumbrarnos a convivir con esta rampante impunidad.
