Panamá ha concedido asilo político permanente a varios personajes que son buscados por la justicia de sus respectivos países de origen, algunos de ellos acusados de delitos contra los derechos humanos. Panamá fue víctima de la furia de dictadores que, sin ningún escrúpulo, ordenaron la muerte de decenas de ciudadanos; muchos otros fueron enviados al exilio solo para silenciarlos, otros sufrieron cárcel por defender sus ideales políticos o a sus familiares.
En otras palabras, los panameños sabemos perfectamente qué se siente cuando nuestros derechos humanos son pisoteados o cuando un delincuente común hace uso de ropajes políticos para tratar de ocultar sus delitos.
Por ello, es una ofensa al pueblo panameño que el gobierno alegremente reparta asilos permanentes a personas que no podrían entrar a sus países sin ser arrestados de inmediato. Ese acto soberano se convierte hoy en una vergüenza nacional, pues convierte al país en el recipiente de los desechos políticos de la región.