Esta administración ha cometido muchos errores, pero uno de los más costosos fue aquel en el que el país perdió las preferencias arancelarias con la Unión Europea, cuyas repercusiones sobrepasarán los 30 millones de dólares. Lo peor es que los exportadores afectados –quienes recibieron una promesa del Gobierno para aminorar los efectos de este terrible descuido– aún no han sido resarcidos. El Gobierno, no conforme con esto, trató de convencernos –con argumentos pueriles– de que el problema se había arreglado tras la visita de una misión de la Cancillería, cosa que nunca ocurrió pues tendremos que esperar dos años para poder solicitar nuevamente las preferencias arancelarias. Es desconcertante conocer que las autoridades contrataron una firma –cuyos honorarios sumaron 42 mil dólares– para que analizara las opciones de Panamá frente a su imperdonable error. Este contrato solo sirvió para botar más dinero, porque la Unión Europea ya había emitido un dictamen sobre el asunto, al momento de su contratación. Lo hecho, hecho está. Entonces, ¿quién responde por los costos materiales del daño causado? Parece que nadie.
Hoy por Hoy 2009/06/20
20 jun 2009 - 05:00 AM
