En octubre de 2003, la Corte Suprema ordenó archivar el caso Cemis alegando una serie de irregularidades en el manejo del expediente –todas de forma y no de fondo– y con ello, uno de los mayores escándalos políticos se dejó de investigar. Así, prestantes figuras del PRD se beneficiaron. Recordemos que el entonces legislador Carlos Afú –dinero en mano– acusó a sus pares del PRD, así como a autoridades de su partido de haber recibido sobornos en favor del proyecto de ley que daba vida al Cemis.
Seis años después, tras una petición de la Procuraduría para que se abriera el caso, varios magistrados de la actual Corte Suprema están a punto de dar la estocada final con una decisión negando la reapertura. ¿Tendrá la Corte el cinismo de apadrinar tremendo acto de corrupción o permitirá de una vez por todas que se inicie una investigación para llamar a los sospechosos ante los estrados de la justicia? Este es el momento de que la Corte Suprema demuestre que es realmente la garante de la justicia y no, como ha sido la tónica hasta ahora, una madriguera para la impunidad.
