Aún en el ocaso de la administración del presidente Martín Torrijos, su gestión se sigue caracterizando por la toma de decisiones erráticas. Al parecer sus prioridades consisten en aprobar leyes y cambios de última hora, en abierto desafío a la voluntad popular y a las políticas que ya el gobierno entrante ha manifestado públicamente que llevará a cabo.
Tan solo esta última semana, Torrijos sancionó la ley que otorga los tan duramente criticados privilegios de seguridad pagada y escolta a los ex presidentes de la Asamblea; y la bancada PRD le dio autonomía a otro ente burocrático, matizado con un caparazón de labor social: la Secretaría Nacional para el Plan Alimentario Nutricional (Senapan).
Le tocará al gobierno entrante poner fin a la desfachatez de los diputados de servirse del dinero público para sufragar su protección particular; así como la fusión de las múltiples entidades que engrosan la planilla estatal bajo el paraguas de la supuesta función social.
Para el gobierno saliente torrijista, sería bueno que asimile de una buena vez que el pueblo habló claro el 3 mayo: un contundente 60% votó en enérgica protesta contra los cinco años de sinvergüenzuras de la administración PRD.
