En los últimos años, la popularidad alcanzada por Panamá llamó la atención de aquellos en busca de mejores latitudes para jubilarse y de quienes nos descubrieron como terreno fértil para inversiones inmobiliarias. Pero, a ellos se sumaron multinacionales que avistaron que -por nuestra riqueza hidrográfica- somos sitio favorable para proyectos de generación de energía.
En consecuencia, hoy existen en Panamá más de 25 concesiones para hidroeléctricas aprobadas y/o en construcción, y más de 70 en trámite. Este negocio ha generado importantes ingresos para el gobierno de Martín Torrijos, sin embargo el costo social y ambiental ha sido -y sigue siendo- tremendamente alto. Como panameños, damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero ordenada y con responsabilidad.
Ese compromiso debe mirar el entorno e incluir el respeto a las costumbres de los grupos aborígenes, las tierras que cultiva la gente del campo, así como la protección a los ríos y otras fuentes de sustento para las comunidades aledañas. Confiamos que las promesas de cambio del Presidente electo, aseguren una rigurosa fiscalización para que el medio ambiente y los derechos humanos de los panameños no estén constantemente en riesgo.
