Si bien en Panamá ha aumentado la criminalidad y la violencia, también es un hecho cierto que la justicia no parece dar alcance a los responsables de los llamados delitos de cuello blanco. Quizá tanta impunidad sea el incentivo que necesitan esos que deciden llevar una vida delincuencial. Casos sin resolver o que esperan un fallo o en los que simplemente no hay movimiento alguno, abundan. Los hay como el de los durodólares o el Cemis, que llevan años esperando un desenlace.
A esos hay que agregar otros: por ejemplo, el de Prados del Este; el de la droga encontrada en la embarcación Perseus y la supuesta venta irregular de la chatarra que llevaba a bordo; el de las muertes provocadas por el dietilene glycol; o el del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), la caída del helicóptero oficial SAN-100 o el caso del reemplazo de la fibra de vidrio en los planteles públicos, la desaparición de las figuras de la escultura Juegos de antaño y el de la muerte del cabo Andrés García, a manos de su superior, en 1970. En fin, la lista es tremendamente larga y en nada contribuye a la seguridad que tanto necesitamos los panameños.
