Es muy difícil entender la lógica detrás de la designación hecha por el Presidente electo sobre el próximo director de la Policía Nacional. Resulta ser que a quien pondrá al mando de la fuerza pública presenta como credencial una vinculación activa y directa con la peor época de la dictadura. Ricardo Martinelli, que prometió en campaña eliminar inmediatamente los “decretos de seguridad” aprobados por el PRD, va a designar a un militar al frente de la institución, uno de los puntos más controvertidos de la legislación.
Pero no se trata de cualquier militar, sino de uno vinculado estrechamente a Noriega y que le obedeció ciegamente dentro de los estamentos más temibles del régimen y durante la época más cruel de la narcodictadura. La escogencia es lamentable porque el candidato ni es civil, ni tiene preparación policial, ni siquiera posee una trayectoria destacada como administrador: se trata de un militar apasionado que cuida de la seguridad de una empresa privada, y que, tras 20 años de la invasión, es una de las pocas personas en este país que recibe en su teléfono llamadas desde la prisión en Miami donde mora el dictador.
