El ingeniero municipal ha esperado justo a que pasaran las elecciones para levantar la suspensión ordenada por Patrimonio Histórico sobre el edificio que –en abierta violación a las leyes de preservación histórica– se levanta en la Plaza Catedral. Y es que este funcionario, que tiene demasiadas cuentas por rendir a los ciudadanos, está aprovechando los últimos meses de su gestión para que se lleven a cabo las más aberrantes violaciones al ordenamiento urbano.
Lo que ocurre en el Casco Antiguo con un edificio que pronto alcanzará la altura de las torres de la Catedral, y sobre el cual pesa una orden expresa de suspensión indefinida y una denuncia penal por la forma como se obtuvieron los permisos, es emblemático de la muy sospechosa actuación de una oficina que ha perpetuado, en contra de la ciudad, un sinfín de polémicos permisos que van desde la desaparición de espacios públicos y torres con alturas excedidas, hasta el otorgamiento de permisos de ocupación en edificaciones no aptas para ser habitadas.
La pregunta es: ¿investigará el Ministerio Público qué hay detrás de la actuación de este caballero que levanta tantas sospechas, o deberemos hacerlo los medios de comunicación?
