Hoy por Hoy 2009/04/09

Sin importar que su actuación es ejemplo para los servidores públicos, autoridades de este gobierno se burlaron de disposiciones electorales que prohíben excederse en los gastos de publicidad en época de campaña electoral, por el riesgo real que supone que la publicidad estatal se convierta en propaganda política, como evidentemente está ocurriendo en la actualidad. Ningún gobernante –o sus subalternos– tiene el derecho de tomar dinero de los contribuyentes para impulsar candidaturas oficialistas con supuestas campañas de divulgación, que no son otra cosa que propaganda que ni siquiera es subliminal, sino descaradamente directa. Bien ha hecho el Tribunal Electoral en poner alto a este abuso –aunque un poco tarde– que incluye tres ministerios: Presidencia, Obras Públicas y Desarrollo Social, entre otras entidades del Estado. Ahora solo esperamos que los responsables de haber autorizado estas publicaciones sean multados, como dispone el artículo 416 del Código Electoral, que ordena multas de entre 2 mil y 10 mil dólares “para el funcionario responsable de que la entidad estatal a su cargo se haya excedido del límite estipulado...”.