El fiscal electoral Boris Barrios demuestra una entusiasta celeridad a la que –hay que admitirlo– no estamos acostumbrados en materia de tramitación de denuncias, salvo si beneficia a los candidatos oficialistas. La imparcialidad que supone el cargo que él ostenta se ve seriamente comprometida cuando su proceder parece mostrar un poco disimulado favoritismo hacia el partido gobernante. En cuestión de dos días el fiscal –sin mayores diligencias– corrió a solicitar que se suspenda la candidatura de un aspirante a alcalde de la capital.
Actuar de esta forma genera especulaciones sobre su integridad, pues lo menos que le debe al candidato en cuestión es el derecho a defender su postura. Ya antes, el buen juicio de Barrios quedó en duda cuando se apresuró a cancelar una cuña publicitaria a pedido de la candidata presidencial del PRD, a quien luego no le quedó mas remedio que reconocer que fue un error censurar a su adversario. Ahora toca a los magistrados procurar el justo balance, pues en sus manos está el futuro de la contienda por la jefatura de la principal ciudad del país. Esperamos un dictamen imparcial, basado en derecho.
