Justicia tardía no es justicia. Las víctimas y familiares de pacientes que consumieron el letal dietilene glycol –pensando que era un jarabe para el resfriado– llevan dos años y medio en espera de que las autoridades resuelvan este vergonzoso caso, pero en lugar de ello, el proceso se ha prolongado de forma excesiva y la paciencia de los afectados se está acabando.
Las muertes por este envenenamiento son más de un centenar y las medidas que el Gobierno prometió que se tomarían para evitar tragedias similares, nunca llegaron. En otras palabras, nada bueno se ha podido extraer de este grave infortunio, pese a que pudo ser el disparador de programas dirigidos a crear una autoridad que velara por la calidad de los medicamentos o dar origen a normativas estrictas en esta materia. Así pues, las víctimas y sus familiares sufren el doble golpe de no ver este caso resuelto y la falta de iniciativa de las autoridades de vigilar la calidad de todo medicamento que consumen los pacientes. Esta situación deja expuesta la fragilidad de los compromisos de esta administración.
