El transporte público no es malo ahora. Lleva años haciendo sufrir a sus usuarios –muchos de ellos también víctimas fatales de sus conductores– así como a peatones y miles de conductores particulares que sufren las consecuencias del mal estado de los “diablos rojos”. El Gobierno tuvo una oportunidad de oro para modificar las leyes y hacer más humano este vital servicio, pero en vez de ello, optó por cruzarse de brazos... hasta que llegó la hora de elegir un nuevo gobierno.
Entonces, la oportunidad se convirtió en oportunismo. En diciembre pasado, repentinamente, las autoridades del Tránsito despertaron de su largo sueño y convocaron a una licitación que debía ser adjudicada en menos de 40 días, haciendo uso de una excepción de la Ley de Contrataciones. Si bien es necesario un nuevo sistema de transporte público, no es a la carrera como se resuelve este problema, de ahí que la Corte Suprema haya detenido tal proceso, una decisión, a todas luces, prudente. Lo que queda claro en este asunto, es que los usuarios no han sido la prioridad para esta administración.
