Los gobiernos pasan, pero los escándalos en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se repiten. Una cadena interminable de negociados, favoreciendo a familiares y allegados de los directivos que por ella han pasado, parece ser la norma, no importa el partido de gobierno ni las promesas de integridad. El significado de lo que es un “conflicto de intereses” parece ser una definición extraña.
En el seno de la AMP (antes Autoridad Portuaria Nacional), sus autoridades también se otorgaron concesiones a través de empresas como Ports Engineering & Consultans Corp. (PECC) y Ocean Pollution Control. Desde la administración pasada está en ciernes la concesión de los tanques de combustible a la empresa Atlantic Pacific, S.A (Apsa) y ahora hasta un muelle petrolero en la entrada sur del Canal de Panamá, que se quiere entregar bajo una premura muy sospechosa.
Las concesiones se han seguido otorgando alegremente; incluso esta última favorece directamente a un familiar del ex administrador de la AMP y segundo vicepresidente de la República.
