Es grave que para algunos de los llamados a dar el ejemplo con sus actuaciones en la ejecución pública, la transparencia sea precisamente su “talón de Aquiles”, pues en algunos casos tienen un pasado dudoso o comprobados actos de corrupción. En enero de 2002, cuando se sancionó la Ley de Transparencia de gestión pública, el pensar que la administración estatal cambiaría nos llenó de optimismo.
Hoy, siete años después, la falta de transparencia y de credibilidad en los funcionarios sigue siendo un obstáculo en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Por ello la iniciativa presentada por la Procuradora General de la Nación, vuelve a plantearnos un escenario esperanzador. La posible creación de una base de datos, que guarde el historial de los funcionarios que cometan ilícitos, es plausible.
Esperemos que este proyecto se convierta en un instrumento que sirva para garantizar la contratación de funcionarios respetables sin un pasado dudoso.
