El complejo de edificios que constituye el Miramar ha sido controvertido desde el primer día. So pretexto de que se trataba de una inversión “turística”, se le otorgaron concesiones sobre la bahía de Panamá que son inaceptables para la ciudad. Pero lo que recibió, lo utilizó a su antojo y conveniencia: el área reservada para el hotel terminó siendo diminuta, porque las torres de los condominios se llevaron la mejor parte.
Como el promotor no dejó área suficiente para el hotel, ha sabido “reclamar” derechos a la Nación en una sucesiva ganga de concesiones con pagos irrisorios al Estado sobre área pública. Con sus proyectos obstruyó la majestuosa vista de la bahía y ha obstaculizado por años cualquier solución vial en un punto clave de congestionamiento vehicular; convirtió en estacionamientos lo que supuestamente fue dado como marina –pagando centavos por tierras valiosísimas– y ahora que el Estado requiere del área que le pertenece para una construir una obra pública, los contribuyentes terminamos sufragándole el “daño” con unos estacionamientos soterrados. ¿Qué empresario no envidiaría tanta suerte y habilidad?
