En los albores del gobierno de Torrijos se creó la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. Pocas dependencias tienen tan alta representación administrativa. Su junta directiva incluye siete ministros y un consejo consultivo integrado por el Presidente de la República y 10 miembros de su Gabinete, entre otros. Pero de nada sirve contar con tan “distinguidos” embajadores, cuando se antepone el interés económico en provecho de unos cuantos al bienestar de los discapacitados.
Prueba de ello es que solo 42 de los 420 buses del Transmóvil deberán tener especificaciones para personas con discapacidad, según el pliego de cargos de la compra. Ese porcentaje es menor al que exige la ley y por tanto violenta la norma que busca proteger y asegurar un mínimo de consideración para los discapacitados. Entonces, de qué vale tener buenas leyes, si son irrespetadas por sus propios custodios.
