A medida que se calienta el ambiente electoral y salen a relucir vínculos, conexiones y lazos, se hace más relevante conocer cuál es el patrimonio de los candidatos presidenciales.
Con excepción de uno, el resto no ha cumplido su promesa de ofrecer tal información que nos sirve para comprobar –como dice uno de ellos– si entran limpios y salen millonarios.
La Corte Suprema de Justicia ha sido cómplice activa del secretismo y la falta de transparencia, al prohibir con sus fallos –producto de argumentos e interpretaciones desfasadas– que la información patrimonial sea de dominio público.
¿Qué caso tiene que se haga una declaración jurada de bienes patrimoniales para depositarla en una notaría pública, si ello solo significa mantenerla fuera del alcance de los ciudadanos? Los políticos deben comprender que, aunque existan estos fallos para amparar la reserva de la información, está el deber moral de mostrarle al electorado la legitimidad de sus haberes y, por ende, la verticalidad de su proceder, en caso de que lleguen a ocupar la silla presidencial. La revelación de esta información habla más fuerte que cualquier arenga electoral.
