Otro escándalo ha quedado en la impunidad gracias a la Corte Suprema. Se trata de la concesión otorgada en la administración de Pérez Balladares a la empresa Ocean Pollution Control, obtenida en la misma fecha en que se le concedió otra a Ports Engineering & Consultans Corp. (PECC).
Este último caso también fue una inmoralidad al comprobarse cómo se beneficiaron los propios funcionarios, que se otorgaron a sí mismos esta concesión. Ocean Pollution no es la excepción: se otorgaron –dice un salvamento de voto en este fallo– “derechos y prerrogativas exageradas al concesionario”.
Los magistrados Víctor Benavides –ponente del fallo– y Winston Spadafora –a quien Estados Unidos le revocó, por corrupción, la visa para entrar a ese país– ignoraron la opinión del Procurador de la Administración, que pidió anular el contrato “por ilegal”. Pero esa es la justicia en Panamá. Luego, esos magistrados exigen respeto, cuando ellos pisotean a los panameños con estos exabruptos que arropan con el manto de la justicia a los malhechores de cuello blanco.
