A nadie sorprende que la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap) haya absuelto a la familia del hoy ministro de Vivienda, luego de que una de sus empresas fuera acusada de hacer cenizas manglares. Según el fallo de la Arap, no se pudo comprobar la vinculación de la compañía del ministro con la afectación al patrimonio acuático.
¿Y de qué pueden servir las pruebas si no hay nada que obligue a un funcionario a hacer justicia cuando simplemente no quiere o no puede? Esto ocurre porque lamentablemente en Panamá existe la certeza de la impunidad. O, dicho de otro modo, porque nadie se atreverá a ponerle un dedo encima a personas allegadas al poder, con influencias o con una jugosa chequera para comprar la absolución.
Los panameños estamos siendo testigos de cómo se regala nuestro patrimonio ecológico y cómo se alteran sin piedad nuestros ecosistemas. El precio de esta burda ceguera ambiental lo pagaremos pronto y muy caro, cuando la naturaleza nos reclame indolente por tanta agresión cometida.
