Los usuarios del transporte público llevan décadas a la espera de viajar en un vehículo que asegure condiciones dignas. En esa espera, en 2006 ocurrió el peor accidente de los últimos años, cuando 18 personas murieron calcinadas en un bus del transporte colectivo. Después de eso, al Presidente le tomó más de año y medio anunciar que sacaría los “diablos rojos” de las calles.
Así, el 14 de mayo del año pasado dijo que convocaría –en pocas semanas– a una licitación para comprar 420 nuevos buses. Esas “semanas” se convirtieron en siete meses y medio. El pasado 18 de diciembre, la Autoridad de Tránsito convocó a la licitación para el 15 de enero. Es decir, las empresas tienen solo 28 días para presentar todo el papeleo.
En cambio, en una compra de mucha menor cuantía e impacto, la Autoridad convocó a una licitación para instalar un sistema centralizado de semáforos, pero pasaron casi 100 días antes de recibir las ofertas. El plazo en la licitación de los buses parece sospechosamente apresurado y eso inevitablemente genera especulaciones. ¿Qué hay detrás de esta súbita celeridad? ¿O es que el proveedor ya está preseleccionado?
