Resulta espeluznante enterarnos de que el Estado solo cuenta con siete ambulancias para darle servicio a 1.5 millón de habitantes que residen en la capital. Esta situación refleja una inaceptable negligencia que pone en evidencia la falta de interés del Gobierno en atender los asuntos de salud pública. El cuadro se torna más desolador para quienes dependen por entero de las instituciones estatales de salud, porque depositar la vida en ellas equivale a jugar a la ruleta rusa.
Pareciera que nuestras autoridades no piensan que proveer atención médica oportuna puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pues impera la indiferencia y la laxitud. Los panameños estamos en el derecho de exigirle al Gobierno la atención que nos merecemos, ya que esos servicios no son gratuitos. De nuestros salarios salen los impuestos con los que pagamos no solo el sueldo de esos funcionarios, sino que pagamos por servicios oportunos y eficientes.
Frente al precio de una vida no hay excusa que valga, o será que el Gobierno está esperando a que suceda una tragedia para luego colmarnos de pretextos fútiles. Bueno sería tomar precauciones y prevenir.
