Una vez más el Gobierno actúa, en materia de transparencia, a su mejor conveniencia. Ayer celebró una rueda de prensa para dar su versión sobre una propuesta que le hizo una empresa para reparar y reemplazar piezas de la flota de helicópteros del Servicio Aéreo Nacional (SAN), incluido el siniestrado SAN-100.
Este diario pasó varios días tratando de recabar información del director del SAN, del ministro de Gobierno y Justicia e, incluso, del vocero de la Presidencia. Todo fue inútil. Y ayer, cuando podían responder ampliamente preguntas sobre el contenido del informe, se negaron una vez más a hacerlo.
Los funcionarios olvidan intencionalmente que ellos no son dueños de la información pública, apenas son sus custodios, y la ley los obliga a proporcionarla. No es su capricho ni su conveniencia ni su discrecionalidad las que tutelan la información pública. Al negarse a aclarar las cosas solo perpetúan la ya habitual falta de transparencia y despiertan aún más las suspicacias. ¿A qué le temen? ¿Qué ocultan?
