Si se otorgara un premio al gobierno más mercantilista, el actual no tendría rival. Lo que está haciendo el Ministerio de Comercio e Industrias, de aprobar cuanta licencia de explotación minera se le ponga por delante, equivale a aniquilar, sin escrúpulos, vastas extensiones de bosques, playas, e incluso poblados.
Mientras los concesionarios obtendrán decenas de millones de dólares en beneficios, el Estado recibirá a cambio, si acaso, las gracias, pues lo que las mineras pagan por sus licencias no alcanza ni para pagar el papel donde nos comprometemos a regalarles nuestros recursos y riquezas. En otras latitudes, la industria de la minería es mirada con ojos de recelo, pero aquí el Gobierno la mira con ojos amorosos, casi suplicantes.
Pero tan insignificante es la ganancia que el Estado recibe por estas licencias, que uno no puede menos que sospechar que tras ellas se esconde algo o quizá sean el producto de inconfesables compromisos. De cualquier manera, la desconfianza aflora. ¿Por qué? Porque nadie intercambia oro por cobre. Y eso es lo que está haciendo esta administración.
