La desfachatez a veces no conoce límites. Tal es el caso del Grupo Figali, que con una concesión del Estado pretende lo inconcebible.
No solo se queja de que el contrato que él suscribió lo obliga a pagar un canon distinto al del resto de los concesionarios de Amador, sino que debe millones al Tesoro Nacional por arrendamientos impagos; se ha tomado fondo marino para hacer la primera marina sobre tierra firme (producto de rellenos que él lleva a cabo, pero que las autoridades afirman no tiene autorización); y encima, ha incumplido con la propuesta de su proyecto del Boulevard de Alta Moda.
Ahora, no conforme con incumplir su palabra, ignorar sus deudas y desconocer las normas, pretende que el Estado le pague una astronómica cantidad de dinero por supuestos daños y perjuicios, demanda que se une a otra de una desproporción más disparatada, que suman, en total, más de mil millones de dólares. Todo esto no es más que una cortina de humo para quedarse con el patrimonio de los panameños. ¡Qué descaro!
