Es la táctica de los “hechos cumplidos”. Nuevamente nos tropezamos con actos que afectan los bienes del Estado en beneficio de particulares.
Cuando los ciudadanos nos enteramos, ya se consumó la obra, y queda el tesoro público comprometido por generaciones. Reportajes periodísticos dan cuenta, por ejemplo, de que ya se inició la construcción de los estacionamientos adicionales que –sobre área pública– tendrá el hotel Miramar.
El ministro Colamarco alegó que la hectárea adicional que se le da al Miramar nace de la afectación de la concesión existente. Resulta que la concesión venció hace años y no ha sido renovada, precisamente, porque no conviene a los intereses del Estado.
El canon pagado es irrisorio, un verdadero insulto al resto de los empresarios panameños. Tampoco se ha tomado la molestia el Gobierno Nacional en dar cuenta de la obra, haciendo lo posible por mantener en secreto, hasta hoy, los planos y diseños reales de la obra pública. Eso sí: la cinta costera la pagaremos los ciudadanos. Que no quede duda.
