El gobierno está obligado a proteger los intereses del Estado, pero en Panamá el Estado está huérfano de guardianes, pues lo que están haciendo los funcionarios es regalarlo, como si fuera suyo.
Ahí está nuevamente el caso de los dueños del hotel Miramar, que después de todos los privilegios que obtuvieron de gobernantes generosos con lo ajeno, ahora pretende nuevas concesiones a precios ridículos -tasados en centavos- como si lo que fuera a recibir es un pantano en medio de la selva.
Lo que están solicitando estos empresarios al Estado es una concesión en uno de los lugares más cotizados, más caros y posiblemente mejor ubicados de Panamá, para albergar botes de lujo que pagan no poco por el amarre. ¿Por qué hay que obsequiar nuestros recursos? Debería haber penas de cárcel por entregar bienes del Estado a precios de estafa y, encima, violando la Ley.
Solicitar más de lo que ya han conseguido es un descaro, pero lo hacen porque tienen la certeza de que lo obtendrán. Así de inútiles son los obligados a cuidar nuestros intereses.
