La Caja de Seguro Social pretende vender un lote de 17 hectáreas por una fracción de su valor comercial. Ello no solo equivale a regalar bienes del Estado, sino a privar a la institución de fondos que son necesarios para sus programas deficitarios.
Los desatinos de esta administración no solo provocan el disgusto de pacientes –que pagan por servicios y medicamentos que no reciben– sino también de la sociedad en general, que hace dos años recibió estupefacta la noticia de la muerte de más de un centenar de personas envenenadas con jarabes elaborados por la institución.
Ahora, una vez más, nos toca contemplar la venta de tierras a precios ridículos –a pesar de que se pueden utilizar para fines comerciales e inmobiliarios–, mientras que los asegurados siguen recibiendo una atención de tercera al costo de primera, ante la vista cómplice de un Gobierno que se dice preocupado por el bienestar de los más necesitados.
Es esta hipocresía la que permite que el país se reparta como pastel, para satisfacer la codicia de unos pocos con acceso directo al poder.
