Cada vez son más las organizaciones y ciudadanos preocupados por los poderes especiales concedidos al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad.
Es inquietante la indeseable costumbre del Presidente de mantener estas discusiones en secreto, pero más lo es que sea un militar –que siente tanta simpatía por la transparencia, como Noriega la tuvo por la democracia– el que las promueva.
El ministro de Gobierno y Justicia acumulará y concentrará tanto poder, que parecerá que el jefe del Ejecutivo trabaja para él. A ello hay que añadir que el funcionario pretende estirar una norma constitucional a fin de que el Presidente no tenga obstáculo legal para seguir nombrando militares en puestos reservados a civiles.
Y ahora el ministro está solo en Estados Unidos, negociando dinero para combatir el narcotráfico, como si no tuviéramos un canciller que lo haga o el propio Presidente, que siempre tiene un pie puesto en un avión, pero que en esta ocasión ha perdido toda la iniciativa mientras su ministro parece haberla encontrado.
