En la dictadura, la libertad de expresión fue objeto de ataques y vejámenes. Uno supondría que en esta época –de “lustrosa” democracia– esos ataques serían parte de un pasado olvidado. ¡Qué equivocados estábamos! No solo han subsistido, sino que ahora están revestidos de una supuesta legalidad, ordenada por jueces que, además, al coartar la libertad de expresión, también vulneran la libertad empresarial.
Un influyente primo y asesor del Presidente de la República, quien libra una lucha legal, comercial y mediática con una empresa privada, ha logrado que un juez dicte una “medida conservatoria” a su favor, que consiste en prohibirle a los medios de comunicación social mencionar su nombre –incluso en anuncios publicitarios–, olvidando que es funcionario y vocero de una campaña política.
Este precedente no solo es funesto, es peligroso. No olvidamos cómo un tío del Presidente logró un fallo a su favor por el caso de las tierras que compró al Estado en centavos. ¿Es que acaso el Órgano Judicial está en deuda con la familia presidencial?
