Lo que estamos viviendo los panameños es insólito. Los funcionarios firman concesiones en las que el Estado –es decir, nosotros, los ciudadanos– recibe a cambio espejitos y cuentas de plástico por oro resplandeciente.
Insatisfechos, algunos empresarios no les basta pagar una bicoca por lo que obtienen, sino que, para colmo de males, tienen la osadía de coger lo que no les pertenece con la casi cómplice mirada de las autoridades que no mueven un músculo para recuperar lo que están obligados a cuidar.
Allí están las concesiones al Club de Yates y Pesca de la avenida Balboa o la que obtuvieron las torres y el hotel Miramar o las de las mansiones en Paitilla o las que se han tomado en playas del interior del país. Ahora nos toca ver con estupor cómo avanza la concesión de la llamada marina del Grupo F., como si este fuera un país sin ley.
Y su dueño actúa así simplemente porque puede hacerlo, porque no hay quién lo detenga, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia. ¿Hasta cuándo tanta sinvergüenzura?.
