El comportamiento no es solo vergonzoso, es aterrador: la administración Torrijos ha escondido a la ciudadanía información vital sobre la cinta costera.
¿Cómo es posible que ni el ministro de Obras Públicas, ni ningún funcionario del Gobierno, haya revelado que la concesión dada al Miramar está vencida? ¿Cómo es posible que se le estén reconociendo beneficios adicionales a un particular, so pretexto de que se le afectaban “derechos”, cuando su concesión ha expirado y puede ser removida para desarrollar una obra de interés público? El Gobierno, en vez de aprovechar la coyuntura y remediar cuestionados privilegios otorgados en el pasado al complejo Miramar, lo que ha estado haciendo es precisamente buscar la forma de perpetuar e incrementar intereses particulares.
¡El gobierno de Torrijos ha otorgado una hectárea adicional por afectar derechos que no existen! ¡Qué guasa! La obra avanza a toda marcha, pero seguimos sin conocer los planos, ni el paisajismo, mucho menos los acuerdos privados que se alcanzan a hurtadillas. Todo parece posible en el reino, menos la transparencia.
