Primero fue la cinta costera, ahora el hermetismo lo sufrimos con el nuevo sistema de transporte colectivo. Las autoridades -esta vez del Tránsito- tienen que comprender que la información que manejan no forma parte de su patrimonio personal.
Es, por definición, de carácter pública y los usuarios –que suman unos cien mil solo en las horas pico- tienen derecho a conocer los detalles de este acto público, pues son ellos, precisamente, los que se beneficiarán o perjudicarán con este proyecto.
Ese oscurantismo con que el Gobierno viene manejando asuntos de interés colectivo tiene que acabarse. La ciudadanía merece más respeto de estos funcionarios que tienen que responder por sus actos, no solo porque les pagamos sus altos salarios, sino porque la ley así lo exige.
No podemos, de ninguna manera, seguir siendo sorprendidos como ya lo fuimos con el desastre de la cinta costera, en el que la negligencia de estos servidores públicos nos costará decenas de millones de dólares sin que aquí no haya más consecuencia que el desparpajo de mal gobernar.
