Las concesiones de tierras que viene realizando el Estado en zonas exclusivas de la capital, como Amador, Paitilla o Balboa, son preocupantes.
Puede que sea una forma de incentivar la inversión y el empleo, pero lo que es absurdo es que los contribuyentes seamos víctimas de la falta de visión de los funcionarios. Los cánones que cobra parecen una broma de mal gusto, pues son de un monto tan ridículo que cualquiera pondría en duda la autenticidad del precio.
Lo que es una tragedia es que ni siquiera porque se cobra tan poco los concesionarios pagan. La morosidad es sencillamente escandalosa.
Pero, inconforme con regalar las tierras, el Gobierno ha aprobado leyes –con la bendición del Presidente- para que los empresarios que buscan llenarse los bolsillos con el desarrollo inmobiliario en las áreas revertidas puedan cambiar el uso de suelos y, de paso, arrasar con bosques y otras riquezas naturales si ello les impide que sus sueños se conviertan en una feliz realidad. Esto no es progreso, es sinvergüenzura.
