A solo un año de concluir la gestión del actual gobierno, iniciar discusiones sobre la conveniencia o inconveniencia de adicionar una Sala a la Corte Suprema no parece oportuno, por decir lo menos. Independientemente de la validez de las defensas esgrimidas para la creación de un tribunal especializado, ante la realidad actual que se vive en Panamá, tenemos que sumarnos a las voces de crítica que reclaman que el Gobierno se ocupe de otros temas: una canasta básica incosteable, servicios públicos deficientes y gravosos, politiquería y campaña gubernamental desmedida e impunidad rampante con una corrupción descarada.
¿Será que entonces nos distraemos dizque remediando una justicia que el común de los ciudadanos siente que no es ni justa ni igual para todos?
En pleno año preelectoral resultará un poco difícil mirar objetivamente esta iniciativa, aun cuando, en teoría, la justicia no debe responder a intereses personales ni mucho menos de partidos políticos, pero que indiscutiblemente le dejaría a la actual administración tres nuevos amigos dentro del Órgano Judicial.