Los bienes del Estado están bajo la custodia del Gobierno. Al menos eso es lo que consigna el papel. Pero cuando hay que constatarlo, la realidad es tan chocante como una pared de piedra.
La Autoridad Marítima de Panamá dice que el Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de resolver los problemas surgidos con las concesiones en Amador, una de las zonas más codiciadas de la ciudad, pero con una rentabilidad ridícula para el Estado. Y mientras los gobernantes deciden quién resuelve, los empresarios se aprovechan y adelantan sus proyectos, a tal punto que el Gobierno termina transando en negociaciones en las que el mayor beneficiado es el concesionario.
La negligencia de los gobernantes roza peligrosamente con las fronteras de la legalidad, pues esta desidia les está costando ingresos a todos los panameños, cuyas necesidades son apremiantes. Ya es hora de que los funcionarios respondan judicialmente por esos ingresos que dejamos de percibir a causa de su inexcusable descuido.
